El cambio de agente financiero genera interrogantes en las casas de créditos por los préstamos a los empleados públicos

Las agencias crediticias de San Luis forman parte de otro de los sectores que se puso en alerta tras la firma del gobernador Alberto Rodríguez Saá en la que anunció que el Banco Nación manejará las finanzas de la Provincia. En este caso se debe a que no saben cómo podrán cobrar los préstamos a los trabajadores de la administración pública.

“El sector que más preocupado está es el financiero. Ante la incertidumbre y no tener precisiones están inquietos y requieren una pronta respuesta”, sostuvo sobre esto el presidente de la Asociación de Comerciantes y Trabajadores Independientes, Sebastián Mohr. Por eso, este viernes pedirían una audiencia ante el ministro de Hacienda, Eloy Horcajo.

Uno de los trabajadores del rubro, Facundo Urruspil, explicó que el cambio de operador al que se encamina el Gobierno “repercute por diferentes cosas”.

Primero planteó “la previsión de la cobranza, por la cantidad de débitos que uno tiene para poder cobrar”.

“Las financieras que dan crédito con Veraz trabajan directamente a través de débito automático para poder prestarle a la gente. De otra manera no pueden. Eso te da una seguridad de cobro. Partiendo de esa base, si cambias de agente financiero tendría que prever que la gente que migre al Banco Nación venga y pague o lo haga por otros medios. Cosa que no sucede nunca”, explicó.

En diálogo con El Chorrillero, señaló que deben “apelar a una responsabilidad que no hay” porque habitualmente otorgan créditos a quienes tienen problemas económicos. Por eso, está en riesgo de que no puedan percibir las cuotas, como sucede habitualmente por medio del descuento automático de los haberes.

Urruspil reveló que “unos 450 millones de pesos es lo que está en juego a nivel débitos automáticos para Banco Supervielle en toda la provincia”.

Señaló además que una sola compañía del sector otorga préstamos en un mes a empleados públicos por entre $100 millones y $140 millones.

Aclaró que si bien tienen convenios con todos los bancos, para poder retener el dinero cuando abran las cuentas en Nación, necesitan el CBU y una autorización del titular para hacer el cobro.

“El empleado público vive de créditos. Si consultas, el 90% ha sacado uno. Porque no les alcanza”, afirmó.

Además, dijo que ante este escenario, las empresas dejaron de prestar dinero a los trabajadores estatales. O en su caso, implementó una línea a cuatro y seis meses, ten9iendo en cuenta que ese periodo podría demorar el Gobierno para hacer efectivo el traspaso.

“Siempre había un riesgo, pero no era tan elevado. Ahora, desde que nos enteramos de esa firma con la carta intención, saltaron las alertas y en las financieras de todo el país que trabajan en San Luis decidieron no seguir prestando”, mencionó.

Por otro lado, hizo alusión a que la falta de certezas pone en riesgo la continuidad de las financieras debido a que “más del 70% de los créditos” que dan por mes son destinados a trabajadores estatales.

Ante este escenario, buscan que el Gobierno informe la fecha en la que se concretará el cambio, “bajo qué condiciones van a hacer la apertura de las cuentas” y “formalizar un convenio de antemano acorde a los empleados públicos”.